Un total de 39 municipios colombianos fueron identificados como zonas "especialmente afectadas" por el incremento de la violencia, donde uno de los principales retos que enfrenta el Gobierno de Gustavo Petro es el de proteger "de manera efectiva" a los líderes y defensores de los derechos humanos.

"Casi todas las agendas civiles democráticas locales están en oposición a estos grupos. Por eso el asesinato es directo. Es una guerra contra la población civil organizada", explicó a EFE la gerente regional para América Latina y El Caribe de la Fundación Pares (Paz y Reconciliación), Laura Bonilla, este martes durante la presentación del informe "Petro en 100 días".

En este sentido, el dossier cifra en 17 el número de asesinatos contra líderes y lideresas sociales cometidos durante el pasado octubre, algo que lo convierte en el mes más violento contra los movimientos sociales, en lo que va de año, tras los 18 casos registrados en mayo.

Los mencionados 39 municipios en los que se ha experimentado un recrudecimiento de la violencia armada, en el transcurso de la primera centena de la administración petrista, están en los departamentos de Antioquia, Caquetá, Chocó, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y el Valle del Cauca.

"Reinterpretar" la violencia

Para Bonilla, resulta erróneo centrar el origen de la violencia en la disputa entre grupos armados, dado que ya no se busca solo el dominio de los territorios sino el "control de la gente para que se sume a su agenda".

A este respecto, la gerente sostiene que los actores armados "tienen una agenda" basada en la propia supervivencia del grupo y que, por ende, el problema no se circunscribe al narcotráfico.

"Si tú quitas la coca del Putumayo, inmediatamente tres estructuras se te van a ir a la extorsión", agrega.

Por su parte, el director ejecutivo de Pares, León Valencia, matizó que, ahora, Colombia atraviesa una desescalada de la confrontación dada la reducción de los enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos armados, fruto de los "anuncios de paz de Petro".

"Ha habido 26 comunicados de estas organizaciones criminales aceptando la propuesta de paz total de Petro y un inicio de conversaciones con el ELN (guerrilla del Ejército de Liberación Nacional) que viene a continuar la agenda que traía el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018)", recordó Valencia.

Asimismo, el director aseveró que, aunque "el 80% de una negociación de paz depende del actor armado y no del gobierno", es posible que el Ejecutivo izquierdista pueda firmar un acuerdo con el ELN.

Sin embargo, también reconoció que "no será fácil" porque, además, el cese bilateral de hostilidades tiene la perturbación de que el ELN tiene que "pelear" con sectores de las disidencias, como la guerra en el Chocó con el Clan del Golfo o Los Pelusos en Catatumbo.

Concretar anuncios en un gabinete "diverso"

Dos de las recomendaciones que el informe hace para el nuevo gabinete es la de lograr transitar hacia la "organización" en aras de evitar continuar con la imagen de un gabinete "diverso, pero en muchos casos desarticulado", y la de realizar menos anuncios o concretar más las políticas.

"Petro ha producido en este tiempo 665 anuncios", precisó Valencia al tiempo que añadió que "por ahora el 80% de las cosas todavía están en anuncios", que requieren de una planificación rigurosa para que salgan adelante.

EFE